Meses después del estallido de la pandemia del Coronavirus, gran parte del mundo de la clásica sigue reclamando más inversión y compromiso político por parte de las instituciones públicas. Ya desde las primeras semanas de confinamiento, las llamadas de ayuda por parte del sector han recibido varias respuestas desde la administración catalana. Unas medidas, sin embargo, que no han disfrutado de una aprobación generalizada y que han hecho surgir varias voces críticas que defienden que no son suficientes.

El 14 de abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la Covid, el gobierno catalán presentaba un plan dotado con 31 millones de Euros pensado para ayudar al sector cultural. La noticia llegaba pocas semanas después del repentino parón generalizado de la actividad de las instituciones culturales del país. El anuncio fue recibido por algunos colectivos como una demostración de interés del gobierno para proteger la cultura. Una de las voces discordantes fue la del portavoz de cultura del grupo parlamentario del PSC, Rafael Bruguera, que tildó este plan de rescate como “casi una broma”.

La propuesta, de hecho, no era una inyección neta de 31 millones de Euros a los activos culturales. Del importe total, 14 millones correspondían a una línea de créditos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y otra por el Instituto Catalán de las Empresas (ICEC), unas ayudas que ya se habían ofrecido en varias ocasiones en otros años. Sólo los 17 millones restantes estaban pensados ​​para políticas concretas de reactivación y apoyo al sector.

Menos de quince días después del anuncio de estas medidas, la Generalitat complementó la iniciativa, llamada “Plan de rescate del rector cultural”, con una segunda y tercera ola de aportaciones. A los 31 millones de euros se sumó una segunda fase de unos 20 millones con medidas más concretas como partidas para microempresas o para paliar los déficits de equipamientos. La tercera, de 21 millones, fue la última ayuda aprobada y se pondrá en marcha a posteriori de la segunda, dentro de unos meses, en unas fechas que, según la recién destituida consellera de cultura Mariàngela Villalonga, dependen de lo que marque el Gobierno español.

Estos 42 millones de Euros extraordinarios no sólo se centrarán en el tejido empresarial y de instituciones de sectores como el musical, parte de este dinero se prevé que se reparta con el sector audiovisual, el asociacionismo y la museística. Estas medidas, sin embargo, no sólo están pensadas para cortar la hemorragia del mundo cultural catalán: para este 2020 se prevé una inversión de 300.000 euros en becas para la investigación y la innovación creativa en las artes escénicas, visuales, la música y el pensamiento.

El anuncio de estas partidas, más que despertar oposición por parte de las formaciones políticas más allá del gobierno de JxCat y ERC, suscitó incredulidad a la hora de hacerlas cuadrar con el presupuesto actual. En un contexto complejo y de urgencia, partidos del resto del arco parlamentario como Podemos, Ciudadanos, los Socialistas o el PP se mostraron predispuestos a sentarse para pactar la reconstrucción del sector cultural así como desarrollar la Ley de Mecenazgo y el Estatuto del Artista.

Esta última es una reivindicación histórica que busca crear una nueva reglamentación profesional que asegure las garantías económicas y los derechos laborales que permitan la subsistencia de los trabajadores culturales dentro del panorama social de los últimos años. El Consejo nacional de la cultura y las artes (CoNCA) lleva trabajando desde 2009 y recibió la primera luz verde en un decreto aprobado por el gobierno español en enero de este 2020.

En una comparecencia por videoconferencia del 29 de abril en la comisión de Cultura del Parlament, la consellera auguró una de las realidades imperantes del verano musical de este año. Villalonga reconoció no tener un “oráculo para saber el calendario veraniego de los actos culturales” y que “los festivales y las fiestas mayores de verano no pueden ser lo que eran”. Una incertidumbre que desde varias organizaciones se intentó resolver.

Cultura en Lluita es un colectivo constituido al inicio de la pandemia que reúne diferentes asociaciones de músicos y entidades relacionadas con la música en directo. A principios de la temporada estival pusieron en marcha una campaña para denunciar el hecho de que “como consecuencia de la pandemia muchos consistorios incumplen los acuerdos (de conciertos con artistas) aplazando los compromisos el 2021 o, directamente, anulándolos” como explicaba el Diari Ara a mediados de mayo.

Ante la persistencia de esta crisis cultural, la sociedad civil se ha organizado y han aparecido varias plataformas como Actua Cultura que reclama este ajuste presupuestario del 2%.

“El consenso entre partidos se ha mantenido hasta las últimas semanas”

Esta dinámica de consenso entre partidos políticos referente a la cultura se ha mantenido hasta estas últimas semanas. El 3 de julio el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad una moción del PSC y Units per Avançar para crear una mesa de diálogo y alcanzar el objetivo de destinar un 2% del presupuesto de la Generalitat al sector cultural, un porcentaje dedicado a la cultura que actualmente no llega al 1%. Isabel Vidal, portavoz de Actua Cultura, ante esta noticia aseguró que se encontraban en “el punto de partida para un cambio de paradigma real”.

A pesar del movimiento en los despachos y en el tejido social, las expectativas de futuro, sin embargo, en palabras de la exconsellera Vilallonga, no parecen demasiado optimistas “viene un invierno largo y duro en el que nos tendremos que reinventar”. El aumento del presupuesto al 2%, por su parte, aún espera ver la luz.

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